REGIÓN — El aumento de la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado pánico y temor en comunidades del norte del condado, con residentes que han salido a las calles a protestar y otros que han pedido a los distritos escolares proteger a las familias de estas redadas.
Las preocupaciones aumentaron significativamente desde el 21 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. revirtió una directiva de la administración de Joe Biden que restringía los operativos migratorios en escuelas, iglesias, hospitales y refugios para víctimas de violencia doméstica.
Alrededor de 1,500 militares también han sido desplegados en San Diego, cerca de Imperial Beach, para reforzar la seguridad en la frontera entre EE.UU. y México, tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cerró el paso a solicitantes de asilo.
Aumentan los arrestos de ICE
En las últimas semanas, miembros de la comunidad han reportado un incremento en las detenciones de ICE en Solana Beach, Escondido y otras áreas. Lisa Montes, residente de la histórica comunidad La Colonia de Eden Gardens en Solana Beach, dijo que agentes de ICE realizaron redadas en la zona durante dos días consecutivos la semana pasada, con detenciones en complejos de apartamentos y restaurantes locales.
“La noticia corrió rápido, y las familias están aterradas; los niños y adolescentes tienen miedo”, dijo Montes. “Los padres temen salir a comprar, acudir a citas médicas e incluso llevar a sus hijos a la escuela”.
Montes señaló que la comunidad ha preguntado al Distrito Escolar de Solana Beach cómo está respondiendo ante estas preocupaciones y han solicitado medidas para proteger a los estudiantes. En respuesta, el distrito ha distribuido materiales de apoyo a las familias en inglés y español, proporcionados por la Oficina de Educación del Condado de San Diego.
“El Distrito Escolar de Solana Beach cree que las escuelas deben ser espacios seguros donde los niños puedan aprender y crecer sin miedo. En el contexto de la conversación nacional sobre inmigración, entendemos que algunas familias pueden estar sintiendo incertidumbre”, declaró el distrito en su sitio web.
Otros distritos del condado también han recibido inquietudes sobre la posible presencia de ICE fuera de las escuelas para detener a adultos o menores. Sin embargo, las autoridades escolares aseguran que no se han realizado arrestos en campus escolares hasta el momento.
Viral en redes sociales
En Escondido, una familia enfrentó una visita de agentes de inmigración, y el incidente se volvió viral. En un video compartido en redes sociales, una joven se graba mientras recita sus derechos a media docena de oficiales de ICE afuera de su puerta y se niega a hablar con ellos. Cuando los agentes presentan una orden, ella les dice que no está firmada por un juez y que no tiene obligación de dejarlos entrar.
La joven relató a NBC 7 que los oficiales llegaron en vehículos sin identificación, asegurando que buscaban a su tío, pero que si ingresaban, “se llevarían a todos los que estuvieran en la casa”.
Ni la oficina de ICE en San Diego ni la oficina nacional de ICE respondieron a preguntas sobre los operativos en el condado de San Diego o la orden ejecutiva de Trump del 21 de enero.
Derechos de los inmigrantes
Ante la confusión y el miedo, organizaciones de derechos de inmigrantes, bufetes de abogados y algunos funcionarios electos han trabajado para informar a la comunidad sobre sus derechos y cómo protegerse.
El fiscal general de California, Rob Bonta, organizó una reunión regional sobre derechos de inmigrantes en San Diego en enero, donde reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia de California para proteger a la comunidad inmigrante.
Según la ley estatal SB 54, los recursos de las agencias locales de orden público no pueden utilizarse para la aplicación de leyes de inmigración, salvo en excepciones limitadas. Esto significa que la policía no puede preguntar a las personas sobre su estatus migratorio ni participar en operativos cuyo objetivo sea la detención de inmigrantes.
El Departamento del Sheriff de San Diego reiteró que no participa en operativos de inmigración, en cumplimiento con la SB 54, y que no tiene información sobre redadas o arrestos realizados por ICE en su jurisdicción.
“Por ley estatal, no trabajamos con ICE, DHS o HSI, por lo que no tenemos conocimiento de ninguna operación de inmigración dentro de la jurisdicción del Departamento del Sheriff de San Diego”, dijo la vocera del sheriff, Kimberly King.
Sin embargo, la alguacil Kelly Martínez declaró públicamente que su departamento no seguirá una política aprobada por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego en diciembre, la cual limita aún más la cooperación con ICE más allá de lo estipulado en la SB 54.
Dicha política prohíbe expresamente a la Oficina del Sheriff colaborar con ICE en casos de delitos menores o asuntos de aplicación civil, y requiere la autorización de un juez federal antes de transferir a un recluso bajo custodia de ICE.
Martínez dijo a los medios que su departamento sigue la ley estatal, no las políticas de la Junta de Supervisores, y que continuará permitiendo que ICE entreviste a detenidos que lo consientan y que informará a la agencia sobre fechas de liberación de personas con ciertos cargos criminales.
La organización San Diego Immigrant Rights Consortium criticó la postura de Martínez, argumentando que viola la ley estatal.
“Nos decepcionó su declaración de que no seguirá la Política L-02 de la Junta. No solo es una falta de respeto a la voluntad de la comunidad, sino que va en contra de los valores de nuestro condado y del estado de derecho”, escribió SDIRC en una carta enviada en diciembre.
Protestas y respuesta policial
El aumento de redadas ha provocado protestas en varias ciudades de San Diego y el sur de California. Manifestantes han salido a las calles con banderas mexicanas y carteles a favor de los inmigrantes, rechazando las órdenes de deportación masiva de Trump.
El 29 de enero, una multitud se reunió en Escondido, en la esquina de Washington Avenue y Escondido Boulevard. Durante la protesta, algunos conductores realizaron maniobras ilegales en la vía pública, lo que llevó a la policía a incautar 11 vehículos cuyos dueños eran de Escondido, Vista, San Marcos y San Diego.
El jefe interino de la Policía de Escondido, Erik Witholt, emitió un comunicado el 31 de enero:
“La libertad de expresión es un derecho fundamental en nuestra sociedad. La Policía de Escondido apoya y defiende su aplicación pacífica, sin importar el tema. Sin embargo, cuando estas reuniones pacíficas derivan en actividades ilegales como bloquear calles, ocupar intersecciones o lanzar fuegos artificiales de forma ilegal, debemos actuar para restaurar el orden y la seguridad. Quienes violen la ley enfrentarán consecuencias legales”.
El 2 de febrero, tras la incautación de los vehículos, se llevó a cabo otra gran manifestación en Centre City Parkway y Decatur Way, frente a la sede de la Policía de Escondido.
